En un contexto donde las demandas por difamación contra funcionarios públicos parecían cosa del pasado, el influencer Jesús Arévalo anunció una potencial acción legal por $75,000 contra el diputado oficialista William Soriano, reviviendo el uso de las querellas.
Volviendo en el tiempo, El Salvador vivió una ola de demandas civiles y penales contra altos funcionarios por enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero, según registros de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General.
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Casos emblemáticos involucraron a tres expresidentes procesados, exministros y alcaldes que enfrentaron juicios por desvíos millonarios de fondos públicos.
Funcionarios salvadoreños demandados que marcaron época
Francisco Flores (expresidente ARENA 1999-2004) fue demandado en 2014 por desviar 15 millones de dólares en donaciones de Taiwán; murió en arresto domiciliario sin sentencia firme.
Elías Antonio Saca (expresidente ARENA 2004-2009) recibió demanda civil y penal por peculado de más de 300 millones; en 2018 lo condenaron a 10 años de prisión y en 2021 ordenaron devolver 4.48 millones.
Mauricio Funes (expresidente FMLN 2009-2014) enfrentó demanda de Probidad en 2017 por 419 mil dólares injustificados; prófugo en Nicaragua, acumula procesos por lavado de 351 millones.
“El señor Mauricio Funes Cartagena deberá reintegrar al Estado la cantidad de $206,912”, resolvió la Cámara Segunda de lo Civil de la CSJ en 2017.
Otros funcionarios salvadoreños demandados incluyen a Sigfrido Reyes (exdiputado FMLN) por lavado en ALBA Petróleos, Leonel Flores (exdirector ISSS) condenado a devolver 812 mil dólares y exalcaldes como Milagro Navas multada por 1.1 millones en cuotas COMURES.
