Un adolescente que se jactaba en redes sociales de “rifar el barrio” —término callejero que significa controlar o dominar un territorio mediante intimidación y violencia— fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) por su presunta vinculación con estructuras delictivas. Mario José Castellanos Pérez fue detenido tras encontrarse en su teléfono celular fotografías con señas alusivas a pandillas, lo que lo convierte en un objetivo clave bajo las reformas penales de 2022 y el régimen de excepción, que permiten procesar a menores desde los 12 años por delitos graves.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó que este caso refleja el compromiso del Estado para erradicar la influencia de las pandillas en las comunidades.
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“No vamos a permitir que este cáncer vuelva a permear en nuestros jóvenes. Estamos sacando de circulación a generaciones que amenazan la paz que hemos recuperado”, declaró en sus redes sociales.
Según las leyes vigentes, Castellanos Pérez será procesado como miembro de una organización terrorista, enfrentando décadas de prisión si se comprueba su participación en actividades delictivas.
¿Por qué es relevante este caso?
En El Salvador, la Ley Crecer Juntos define la adolescencia como el rango de 12 a 18 años, etapa en la que, bajo las reformas penales, los menores pueden ser juzgados como adultos si se les vincula con pandillas o delitos graves. Aunque las autoridades no revelaron la edad exacta de Castellanos, su condición de adolescente no lo exime de responsabilidad penal, ya que las reformas permiten aplicar medidas especiales para casos como este.
Estrategias policiales contra la recluta de menores
La captura de Castellanos Pérez forma parte de una estrategia integral de la PNC para desarticular redes de recluta juvenil. Entre las acciones clave destacan:
- Monitoreo de redes sociales: Identificación de jóvenes que promueven o glorifican a las pandillas en plataformas digitales.
- Inteligencia territorial: Operativos en zonas rojas donde se detecta presencia de menores vinculados a estructuras delictivas.
- Coordinación con fiscalía: Uso de pruebas digitales (fotos, mensajes, videos) para sustentar acusaciones por asociación terrorista.
- Protección comunitaria: Programas de prevención en escuelas y barrios para evitar que adolescentes caigan en redes criminales.
Contexto legal: Adolescentes y el régimen de excepción
Desde 2022, las reformas penales permiten procesar a menores de 12 a 18 años como adultos si son capturados por delitos como:
- Pertenencia a pandillas (aunque no hayan cometido homicidios).
- Extorsión o tráfico de armas.
- Promoción de actividades delictivas (como en el caso de Castellanos). Estas medidas buscan cortar el ciclo de violencia desde edades tempranas, aunque críticos argumentan que podrían afectar la rehabilitación de jóvenes en contextos vulnerables.
¿Qué sigue para el detenido?
Castellanos Pérez será presentado ante un juez especializado en los próximos días. Si se comprueba su vinculación con pandillas, podría enfrentar penas de hasta 20 o 30 años, dependiendo de su grado de participación. Mientras, las autoridades no descartan que este caso esté conectado con redes mayores de recluta en su zona de residencia.
El ministro Villatoro reiteró que el gobierno no bajará la guardia contra la delincuencia organizada. “La población ha sido clave en este esfuerzo. Si ven a un joven involucrado en actividades sospechosas, denúncienlo. No podemos permitir que se pierda otra generación”, señaló.
