La Asamblea Legislativa está trabajando en una reforma para terminar con un viejo problema: los juicios contra funcionarios públicos que se quedan estancados durante años en la Corte de Cuentas. Actualmente, como no hay un tiempo límite para resolver, muchos expedientes se “engavetan” hasta que vencen los plazos legales, permitiendo que los funcionarios señalados se libren de cualquier castigo o de devolver el dinero.
¿Por qué esto debería importarte?
Cuando un funcionario usa mal el dinero del pueblo, la Corte de Cuentas debe revisar el caso. Si se encuentra una falta, el funcionario puede apelar. El problema es que, al llegar a la última instancia (la Cámara de Segunda Instancia), no hay un reloj que obligue a los magistrados a resolver pronto.
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Esto genera tres consecuencias negativas para el país:
- La impunidad: Muchos casos se vencen por el simple paso del tiempo.
- Pérdida de dinero: Si el caso vence, el Estado pierde la oportunidad de recuperar el dinero mal utilizado.
- Lentitud: Funcionarios que actuaron mal siguen en sus puestos o en el sistema mientras el caso no avanza.
¿Qué quieren cambiar los diputados?
La propuesta es ponerle un “tiempo límite” obligatorio a los magistrados. Si el caso entra a revisión, la ley los obligará a dar una sentencia rápida. Ya no podrán dejar pasar los años esperando que el caso se olvide. Además, se busca que, si un funcionario implicado fallece o desaparece, el juicio no se detenga, permitiendo que se busque la devolución de los fondos públicos con mayor agilidad.
El objetivo final es simple: que quien cometió una irregularidad reciba una sentencia a tiempo y que el dinero pueda volver a las arcas del Estado lo más pronto posible.
