A partir de ayer, 11 de agosto, entró en vigor en El Salvador la Ley Anticorrupción, que busca prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública.
La legislación, que fue aprobada en la Asamblea Legislativa el 7 de febrero de 2025, estableció un período de 180 días para su aplicación.
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“Vamos a romper con ese ‘sistema’ para siempre. Desde esta Asamblea (con la legislatura en la que Nuevas Ideas tiene mayoría) se han acabado mecanismos como ONG fachadas, maletines negros, plazas fantasmas”, dijo Guevara. “También estamos acabando con el epicentro de la corrupción que se daba con los anteriores diputados dentro de este órgano de Estado”, dijo el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Claves de la Ley Anticorrupción
La ley crea el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, que estará compuesto por 12 instituciones gubernamentales, como la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil (PNC). Uno de los puntos más importantes de la normativa es que los servidores públicos y sus familiares deberán presentar anualmente una declaración patrimonial y de renta, la cual será de acceso público para cualquier ciudadano.
Además, la ley endurece las penas por delitos de corrupción y crea un nuevo delito para castigar a los testaferros. Dentro de la FGR, se establecerá el Centro Nacional Anticorrupción, que utilizará tecnología avanzada y tendrá acceso a bases de datos en tiempo real para detectar actividades sospechosas.
Rol ciudadano en el combate a la corrupción
La nueva ley fomenta la participación de la ciudadanía, ya que cualquier persona podrá denunciar actos de corrupción con pruebas o sospechas fundadas. Los denunciantes de buena fe estarán protegidos, y el Centro Nacional Anticorrupción contará con ventanillas para recibir estas denuncias, promoviendo una participación más activa de la población en la lucha contra la corrupción.
