El Salvador y México han reforzado su cooperación contra los delitos transnacionales, ejemplificado por la reciente Extradición de un ciudadano salvadoreño a la justicia mexicana, acusado de secuestro agravado y operar como “coyote” o traficante de personas.
Este caso, que ha tomado notoriedad pública en el contexto de la intensificación de la persecución de indocumentados en Estados Unidos, sirve como una cruda advertencia sobre los graves riesgos que enfrentan los salvadoreños que optan por la Migración irregular, cayendo a menudo en las garras de organizaciones criminales.
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“La extradición fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia, ya que el imputado es requerido por un Juzgado Especializado del Sistema Penal Acusatorio del estado de Nuevo León, por el delito en mención”, indicó la Fiscalía General de la República en un comunicado fechado el 4 de diciembre pasado.
La extradición del “coyote” se basa en hechos documentados en 2018, donde se comprobó que el individuo entregaba a migrantes salvadoreños a grupos criminales en territorio mexicano.
Estos grupos procedían a la privación ilegal de la libertad de las víctimas en estados como Chiapas y Puebla, exigiendo altas sumas de dinero a sus familiares a cambio de su liberación.
La Migración irregular por tierra expone a los ciudadanos a múltiples peligros, incluyendo la extorsión, el abuso sexual, la explotación y la muerte, como lo evidencia este caso judicial.
Viaja con “coyote”, riesgo de secuestro y extorsión
La Fiscalía ha destacado que la cooperación binacional es incesante para desmantelar estas redes, no solo para castigar los delitos pasados, sino para proteger a los futuros migrantes.
La Migración segura, ordenada y regular sigue siendo la vía promovida por el Estado, en contraste con los riesgos mortales que representa la ruta controlada por el crimen organizado.
El contexto actual de persecución migratoria en el norte amplifica la necesidad de detener a los “coyotes” en el origen.
El caso del salvadoreño extraditado, que ya había cumplido una pena por tráfico ilegal de personas en el país, pone de manifiesto la reincidencia de estos criminales y la necesidad de aplicar penas severas.
La migración es un derecho, pero la explotación de los migrantes es un delito grave que será castigado con todo el peso de la ley. La FGR ha asegurado que el seguimiento a este proceso judicial en México será constante, buscando cerrar el círculo de impunidad para los traficantes.
