El sistema judicial salvadoreño emitió un fallo contundente contra las prácticas ilícitas que ponen en grave riesgo la salud de la ciudadanía. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dictó una condena de cinco años de prisión en contra de Jeanine Alejandrina Cárcamo Jiménez. Las investigaciones ministeriales determinaron de forma fehaciente que la procesada operaba un consultorio médico clandestino donde ejercía ilegalmente la profesión de medicina y cometía el delito de falsedad material.
Para cometer los ilícitos y ganarse la confianza de sus pacientes, la mujer utilizaba de forma fraudulenta el número de registro profesional correspondiente a una doctora debidamente acreditada por las autoridades sanitarias del país. A lo largo de las indagaciones, se constató que la imputada realizaba evaluaciones clínicas de manera regular, emitía recetas de medicamentos e incluso se atrevía a efectuar procedimientos quirúrgicos.
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Prisión tras esta condena
Durante los registros y allanamientos ejecutados en el falso establecimiento, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) incautaron equipo clínico diverso, sellos profesionales adulterados y gabachas médicas que portaban logotipos de hospitales nacionales. Tras analizar la robusta prueba documental y pericial presentada en la vista pública, el tribunal resolvió que la acusada actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos.
Por su parte, el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) ha reiterado a la población que los usuarios tienen el derecho de exigir y comprobar los sellos y autorizaciones de los médicos antes de someterse a cualquier tratamiento o intervención quirúrgica. Este tipo de resoluciones judiciales busca sentar un precedente estricto frente al intrusismo profesional y los delitos de falsedad que atentan contra la vida en el territorio nacional.
