En 2022, la Institución Correccional para Mujeres Edna Mahan, la única prisión estatal para mujeres en Nueva Jersey, se convirtió en el epicentro de un insólito escándalo institucional. Dos reclusas resultaron embarazadas tras mantener encuentros sexuales con una compañera de pabellón: Demi Minor, una presa trans de 27 años. El caso desnudó de inmediato una profunda contradicción normativa.
Mientras que el reglamento del Departamento de Correcciones de Nueva Jersey (NJDOC) prohíbe de forma estricta cualquier tipo de actividad sexual entre los internos (incluso si media el consentimiento), una directiva de derechos civiles obligaba a las autoridades a albergar a Minor en un recinto femenino basándose únicamente en su identidad de género autoafirmada.
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El portavoz oficial del NJDOC, Dan Sperrazza, tuvo que confirmar públicamente la crisis ante los medios, señalando de forma escueta que los embarazos derivaron de “relaciones sexuales consensuadas con otra persona encarcelada”.
Lo que comenzó como un problema de disciplina interna escaló rápidamente hasta convertirse en un litigio de alcance nacional.
Para comprender el origen del conflicto, es necesario revisar el historial judicial de Minor. Originalmente identificada en los registros penales como Demetrius Minor, fue condenada a una pena de 30 años de prisión por homicidio involuntario (manslaughter).
En un inicio, Minor cumplió su sentencia en recintos penitenciarios masculinos. Sin embargo, en 2021, tras un acuerdo legal derivado de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nueva Jersey a nombre de una reclusa trans que denunció abusos en cárceles de hombres, el estado cambió sus políticas.
El nuevo Protocolo de Identidad de Género decretó que los reos debían ser alojados según su género autopercibido, sin exigir cirugías previas de reasignación sexual.
Fue así como Minor fue trasladada a Edna Mahan, conviviendo de manera regular junto a unas 800 mujeres cisgénero, un entorno biológico que meses después desencadenaría los embarazos.
El impacto de este suceso rebasó las fronteras de Nueva Jersey y, para el año 2026, se ha consolidado como el principal argumento legal del Ejecutivo estadounidense para impulsar un endurecimiento drástico en el manejo de la población penal trans en todo el país.
El caso fue tomado por sectores legislativos como la “evidencia biológica” de que las políticas de autoidentificación abierta vulneraban la seguridad de los recintos de mujeres.
El giro normativo y el freno en los tribunales
A raíz del escándalo provocado por Minor, el estado de Nueva Jersey revocó la asignación automática por identidad de género e implementó comités de revisión médica que priorizan factores reproductivos antes de autorizar traslados.
A nivel federal, la administración del Ejecutivo norteamericano dictó directrices restrictivas a través del Buró Federal de Prisiones (BOP) Facebook – The 19th, buscando regresar al criterio del sexo asignado al nacer para el alojamiento carcelario y frenar el financiamiento de terapias de reemplazo hormonal dentro de las cárceles The Marshall Project.
No obstante, esta ofensiva del Ejecutivo se ha topado con una fuerte resistencia en el sistema judicial. Durante los meses recientes de 2026, diversos tribunales federales han emitido medidas cautelares suspendiendo estas prohibiciones en varios estados The New York Times.
Los jueces sostienen que suspender abruptamente los tratamientos hormonales a reclusos con disforia de género diagnosticada constituye una violación a la Octava Enmienda de la Constitución, la cual prohíbe el castigo cruel e inusual hacia los prisioneros NBC News.
Actualmente, Demi Minor permanece recluida en una instalación bajo estricto control masculino. Inmediatamente después del incidente, el NJDOC la trasladó al Garden State Youth Correctional Facility (un centro para hombres jóvenes adultos), alojándola en una Unidad de Vivienda Vulnerable para su propia protección.
A través de cartas publicadas en su blog digital de apoyo (Justice 4 Demi), Minor arremetió contra las autoridades: “No sé lo que es vivir como un hombre y me niego a volver a tales hábitos o comportamientos…”, denunciando haber sufrido malgenerización y abusos psicológicos por parte de los custodios tras su reubicación.
Por su parte, la identidad de las dos reclusas afectadas se ha mantenido bajo estricta reserva de confidencialidad médica e institucional por parte del estado.
Sin embargo, informes penitenciarios filtrados a medios locales detallaron que una de las mujeres embarazadas cumple una sentencia de cadena perpetua sin opción a libertad condicional sino hasta el año 2104.
Los reportes de salud confirmaron que los embarazos siguieron su curso natural bajo asistencia obstétrica interna dentro del sistema correccional.
Mientras las madres continúan cumpliendo sus respectivas condenas y Minor enfrenta nuevos procesos por problemas conductuales en su confinamiento, el debate de fondo sigue abierto en los tribunales estadounidenses: determinar dónde terminan los derechos de identidad de una persona trans y dónde empieza la salvaguarda biológica de las mujeres en prisión.
