En 2019, un tribunal salvadoreño condenó a Jaime Alberto Rodríguez Jiménez, conocido como “La Chelona”, expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), por el desvío de $125,000 en fondos públicos. Junto a él, otros dos exfuncionarios también fueron sancionados por transferir ilegalmente ese dinero para supuestas mejoras en un estadio de la Alcaldía de Santa Tecla.
Rodríguez Jiménez recibió una condena de dos años de cárcel, que fue sustituida por trabajos de utilidad pública. Estos consisten en labores no remuneradas que benefician a la comunidad, como limpieza de espacios públicos, apoyo en programas sociales o mantenimiento de infraestructura, como una forma de reparar el daño causado a la sociedad.
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Además, se le impuso una multa de 50 días de salario mínimo, la pérdida de sus derechos civiles y políticos, y la prohibición de salir del país mientras la sentencia no quedara firme.
¿Por qué se aplicó esta condena?
El caso se remonta a 2011, cuando los exfuncionarios incumplieron los mecanismos legales al transferir fondos públicos sin justificación. Aunque en 2018 un tribunal los absolvió, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló, logrando que la sentencia fuera anulada y se reabriera el proceso, culminando con esta condena histórica.
Los otros implicados, Marcos Jacobo Menjívar Vides y José Ricardo Liévano Rodríguez, recibieron multas y la pérdida de sus derechos civiles, pero sin prisión. La responsabilidad civil del caso quedó pendiente de un proceso adicional impulsado por la FGR.
Un precedente en la lucha contra la corrupción
Este fallo marcó un precedente en la lucha contra la corrupción en el manejo de fondos públicos, demostrando que, incluso años después, las irregularidades pueden ser investigadas y sancionadas.
