Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, el controvertido empresario del transporte colectivo, falleció este lunes en circunstancias no reveladas, según confirmó su hija en redes sociales. Miranda, de 70 años, era propietario de la cooperativa Acostes, que operaba rutas vitales como la 42 y 152, conectando San Salvador con Santa Tecla y Zaragoza. Su muerte llega en medio de múltiples procesos judiciales por corrupción, que lo mantenían tras las rejas desde 2022.
“Con profundo dolor, notifico el fallecimiento de mi querido padre Catalino Miranda, quien partió de este mundo dejando un vacío irreparable en nuestras vidas. Agradecemos sus oraciones en este momento tan doloroso para nuestra familia. Descansa en paz papito”, posteó su hija en redes sociales.
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Catalino Miranda: pilar de transporte con sombras de corrupción
Miranda irrumpió en el sector desde finales de los 70, fundando Acostes en 2004 con 313 permisos de buses. Como presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FECOATRANS) desde 1992, se posicionó como líder del gremio. Resistió extorsiones pandilleras armando su empresa con exmilitares, en un país donde entre 2010 y 2015 murieron 692 empleados de transporte. Sin embargo, su legado se tiñó de acusaciones: falsedad ideológica, uso de documentos falsos para créditos millonarios y presunto lavado de dinero a través de siete sociedades.
El calvario legal de Miranda inició el 12 de marzo de 2022, cuando la Policía Nacional Civil lo capturó por cobro ilegal de pasaje y obstrucción de vías públicas. La Fiscalía lo imputó por desórdenes públicos, resistencia y ventas a precio superior en las rutas 42 y 152.
“Yo no puedo pagar causas que no debo”, declaró Miranda durante su presentación ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.
Dos días después, la Fuerza Armada tomó control de 293 unidades, suspendiendo subsidios y permisos por incumplir el régimen tarifario, según el Viceministerio de Transporte (VMT).
En mayo de 2023, confesó en juicio abreviado el aumento ilegal de pasaje, recibiendo tres años de prisión. Pero los cargos escalaron: en julio de 2023, prisión provisional por tenencia de documentos falsos y falsedad material, al falsificar cancelaciones de hipotecas para evadir un préstamo de $1.8 millones. En abril de 2024, nuevas pericias por falsedad ideológica en un crédito de $2 millones, con la Fiscalía alegando que sus empresas no cumplían perfiles financieros reales.
La Unidad contra Lavado de Activos allanó cinco propiedades en septiembre de 2022, incautando documentos de sociedades usadas para blanquear fondos. En 2020, presentó balances falsos para obtener financiamiento, beneficiándose personalmente. Su hijo, Adalberto Antonio Miranda Zepeda, fue condenado a tres años por el mismo aumento de pasaje en 2022. En noviembre de 2024, el Juzgado 5° de Instrucción lo envió a juicio por falsedad ideológica en concurso real.
Acciones gubernamentales
El Gobierno de Nayib Bukele respondió con mano dura: tras la detención, intervino las rutas de Acostes, asignando conductores estatales y militares para garantizar el servicio. Estas medidas buscan erradicar abusos y modernizar el sector, con énfasis en transparencia financiera para combatir falsificaciones y lavado.
