El pasado 4 de agosto de 2026, un incidente de seguridad pública captó la atención de los residentes en el barrio Chipilapa, cerca del Hospital Nacional de Jalapa. Alex Estuardo Rodríguez Aquino, de 20 años, quien cumplía prisión preventiva por el delito de hurto agravado, logró escapar de la custodia policial tras simular un estado de inconsciencia para ser trasladado al centro asistencial.
Al aprovechar un descuido del personal encargado, el privado de libertad salió del nosocomio y emprendió una carrera por las calles aledañas. Ante la situación, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron una persecución a pie para intentar interceptarlo y evitar que lograra evadirse de las autoridades.
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Acción policial durante la recaptura de reo en Jalapa
En videos difundidos ampliamente en redes sociales, se observa el momento exacto en que uno de los uniformados efectúa varios disparos al aire como medida disuasiva. Según reportes de medios, esta acción fue necesaria para obligar al prófugo a detener su marcha, debido a que el sospechoso ignoraba las órdenes verbales de los agentes de seguridad.
Tras el despliegue operativo, Rodríguez Aquino fue recapturado a tan solo dos cuadras del Hospital Nacional de Jalapa. La PNC confirmó que el detenido fue reintegrado a su lugar de reclusión en el Centro Preventivo para Hombres de Jalapa, subrayando que el incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales derivados de los disparos de advertencia.
Uso de armas y marco legal tras la recaptura de reo en Jalapa
Es importante señalar que, aunque los agentes policiales recurren a estos protocolos bajo situaciones de extrema urgencia para detener a criminales, la legislación vigente es estricta con la ciudadanía. El Artículo 127 de la Ley de Armas y Municiones establece penas de 1 a 3 años de prisión para civiles que realicen disparos al aire sin causa justificada, debido al riesgo que representan para terceros.
La PNC mantiene campañas constantes para prevenir el uso ilegal de armas de fuego en la población, diferenciando estas acciones operativas de los actos de irresponsabilidad civil. Mientras tanto, el caso de Rodríguez Aquino ha generado un debate sobre los protocolos de traslado y custodia de privados de libertad en centros hospitalarios públicos.
