Ayer, 11 de agosto, entró en vigor en El Salvador la Ley Anticorrupción, un instrumento legal que materializa la “guerra” que el presidente Nayib Bukele declaró contra este flagelo. La historia de esta lucha, sin embargo, se remonta a varios momentos clave que marcaron su discurso y sus acciones.
El dinero alcanza cuando nadie roba
La estrategia de combatir la corrupción comenzó a tomar forma públicamente en 2022, a través de las redes sociales. En noviembre de ese año, la encuestadora CID Gallup publicó un estudio que indicaba que 6 de cada 10 salvadoreños creían que pagar sobornos era necesario.
Tu banca en línea más segura y rápida
Realiza transferencias, paga servicios y administra tus finanzas desde cualquier lugar con la App Banca Móvil.
Ante estos datos, Bukele respondió en su cuenta de X con una frase que se ha vuelto emblemática: “El dinero alcanza cuando nadie roba“.
Este mensaje se reforzó en febrero de 2023, cuando otro sondeo de CID Gallup señaló que la corrupción ocupaba el 8% de las preocupaciones de la población. En respuesta, el presidente destacó que el combate a este problema era posible gracias a las condiciones de seguridad.
Declaración de guerra anticorrupción
El 1 de junio de 2023, en el marco del cuarto año de su mandato, el presidente Nayib Bukele declaró formalmente la “guerra contra la corrupción” durante un discurso en la Asamblea Legislativa.
En su alocución, el mandatario fue enfático: “Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda las fuerzas del Estado y con todas las herramientas legales que podemos sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción“.
Esa misma noche, la Fiscalía General de la República (FGR) actuó en paralelo y anunció la intervención de propiedades vinculadas al expresidente Félix Cristiani. La Fiscalía aseguró que con esta acción saldaba una “deuda histórica”.
En enero de este año, el presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa la propuesta de la Ley Anticorrupción, que fue aprobada el 7 de febrero. Tras un período de 180 días, la normativa entró en vigor, consolidando así los esfuerzos del gobierno. La ley refuerza la transparencia y permite perseguir los delitos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios.
