El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció durante la inauguración de una obra en San Juan de Miraflores su próximo viaje a El Salvador para fortalecer la cooperación en materia de seguridad con el gobierno del presidente Nayib Bukele. López Aliaga destacó la experiencia salvadoreña en la lucha contra la criminalidad y expresó la urgencia de implementar medidas efectivas para frenar la creciente ola de inseguridad en la capital peruana.
Alcalde de Lima en busca de cooperación
“No podemos dejar que nos maten, hay que pedir ayuda a El Salvador, ya sabe cómo combatir a esta gente, la ha eliminado”, afirmó López Aliaga, refiriéndose a las estrategias de mano dura contra pandillas implementadas por Bukele.
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El alcalde de Lima subrayó la necesidad de establecer convenios con el gobierno salvadoreño para replicar modelos exitosos que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos limeños.
Este anuncio se enmarca en una serie de propuestas previas de López Aliaga, quien ha impulsado iniciativas como el traslado de reos de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador y la adquisición de drones con inteligencia artificial para detectar y disuadir delitos en tiempo real en Lima.
El contexto de estas declaraciones refleja la creciente preocupación por la inseguridad en Lima, donde la delincuencia, el sicariato y las extorsiones han generado alarma entre la población. López Aliaga ha insistido en la necesidad de medidas drásticas, alineándose con estrategias internacionales que han demostrado resultados concretos.
Viaje a El Salvador
El viaje a El Salvador, programado para los próximos días, busca consolidar acuerdos de cooperación técnica y explorar la posibilidad de asesoría en políticas de seguridad. López Aliaga también ha señalado que ya ha entregado un plan detallado al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que incluye la deportación de reos peligrosos y la declaración del Tren de Aragua como organización terrorista.
El anuncio ha generado reacciones mixtas. Algunos sectores apoyan la búsqueda de soluciones internacionales frente a la crisis de inseguridad, mientras que otros cuestionan la viabilidad y los costos de estas propuestas, así como su impacto en el marco legal peruano.
