La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) emitieron una advertencia sobre los problemas legales muy serios de la receptación. Este es el delito que se comete cuando alguien compra, recibe u oculta cosas que sabe que fueron robadas o hurtadas.
Las autoridades fueron claras. Dijeron que, según el Código Penal, participar en la venta de cosas robadas, incluso solo comprando, puede ser castigado con hasta 10 años de prisión. La pena depende del valor y el tipo de objeto robado.
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El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo que “quien compra un objeto robado es tan delincuente como quien lo roba”.
La receptación es una parte clave de la cadena de delitos que el gobierno quiere eliminar. Esta nueva serie de operativos y advertencias busca asegurar que la ciudadanía entienda la seriedad de este delito y las consecuencias penales, ayudando a proteger a las víctimas y a reducir las razones para robar.
Graves problemas de la receptación
La ley salvadoreña busca frenar que los grupos criminales ganen dinero robando. Si la gente no compra lo robado, los robos bajan. Esto es una estrategia de seguridad que no solo busca al ladrón, sino también al comprador final que facilita el negocio ilegal. La FGR mostró casos donde personas fueron a juicio y condenadas por comprar cosas de poco valor, lo que demuestra que la ley se aplica para cualquier monto.
Esta campaña se reforzó después de que las autoridades hicieran redadas en el Centro Histórico de San Salvador y otros lugares donde desmantelaron grupos que vendían celulares y aparatos electrónicos robados. El mensaje principal es que si compras un celular usado o cualquier otra cosa sin verificar que es legal, se convierte en cómplice del delito de Receptación y apoya el mercado negro.
