San Salvador, 1° de octubre de 2025 — Un tribunal salvadoreño impuso condenas sin precedentes a cinco exfuncionarios y operadores políticos por negociar con pandillas a cambio de votos durante las elecciones presidenciales de 2014 y las municipales/legislativas de 2015. El caso, que expone la colusión entre poder político y crimen organizado, dejó sentencias que suman decenas de años de prisión por delitos de fraude electoral y asociación ilícita.
Las condenas más severas
Benito Lara (exministro de Seguridad):
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- 20 años por fraude electoral (10 años por cada proceso electoral).
- 8 años por agrupaciones ilícitas.
- Total: 28 años de prisión.
Arístides Valencia:
- 20 años por fraude electoral (10 por cada evento).
- 8 años por asociación ilícita.
- Total: 28 años.
Ernesto Muyshondt (exalcalde de San Salvador):
- 18 años por negociaciones con pandillas para obtener votos.
Paolo Lüers y Wilson Alvarado:
- 12 años cada uno por fraude electoral (6 años por cada proceso).
- 6 años por agrupaciones ilícitas.
- Total: 18 años para ambos.
El esquema criminal
Las investigaciones revelaron que los condenados coordinaron con estructuras pandilleras —principalmente la MS-13 y Barrio 18— para:
- Movilizar votos a cambio de beneficios carcelarios o económicos.
- Amenazar a la población en zonas controladas por pandillas para garantizar resultados electorales.
- Falsificar documentos y manipular padrón electoral en áreas clave.
Este caso se suma a otros procesos judiciales que han destapado la infiltración del crimen organizado en la política salvadoreña, un fenómeno que, según fiscales, persistió durante años antes de ser desmantelado con las reformas penales recientes.
