La cárcel de San Miguel, en Puebla, México, está bajo la lupa tras la presunta realización de una fiesta privada en octubre de 2025, cuyos videos circularon en redes sociales. El escándalo apunta a una grave y persistente corrupción en el penal y falta de control, evidenciada en el supuesto disfrute de bebidas alcohólicas y el ingreso ilegal de mujeres. Dos reclusos, apodados “El Jaguar” y “El Pavón”, fueron señalados como responsables de controlar los privilegios y el “autogobierno”.
La masiva difusión del material forzó la reacción inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, que el jueves 30 de octubre de 2025 confirmó la apertura de una investigación a través de la Dirección General de Asuntos Internos. El comunicado buscó esclarecer las circunstancias en que fueron grabadas las imágenes difundidas y sancionar a los responsables.
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Corrupción en cárcel de San Miguel
La SSP anunció que aplicará las sanciones administrativas y penales correspondientes, “tanto al personal involucrado como a las personas privadas de la libertad que pudieran haber participado”. La institución fundamentó su respuesta citando su postura:
“La institución mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que contravenga la normatividad penitenciaria o vulnere la integridad de los procesos de reinserción social.”
La dependencia puntualizó que estos hechos no representan al sistema penitenciario en su totalidad, citando acciones positivas como jornadas de salud, limpieza de espacios y la reciente modernización del sistema de videovigilancia. Sin embargo, el incidente revivió el antecedente más grave del centro: el “Caso del Bebé Tadeo” en enero de 2022.
La FGE (Fiscalía General del Estado) de Puebla esclareció que el móvil de introducir el cuerpo del bebé fue un acto deliberado para desestabilizar la administración del penal y forzar un cambio de autoridades, en el marco de una disputa por el control entre grupos criminales internos. La FGE logró la aprehensión de al menos cinco personas involucradas.
Los involucrados incluyeron una familiar y una custodia, quienes fueron vinculadas a proceso por delitos graves como Violación a la Ley General de Salud. En marzo de 2023, las mujeres fueron liberadas por orden judicial, a pesar del pedido de la CNDH de investigar a fondo la corrupción en el penal que facilitó la tragedia.
