Un tribunal venezolano sentenció a 30 años de prisión –la pena máxima en ese país– a Marggie Orozco, una profesional de la salud detenida en agosto de 2024 por presuntamente enviar un audio a través de WhatsApp en el que criticaba al gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con la acusación oficial, Orozco fue procesada por los delitos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, cargos que organizaciones de derechos humanos califican como “delitos de opinión” usados para criminalizar la disidencia política.
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La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció públicamente el caso y aseguró que la mujer fue arrestada en el estado de Táchira durante el periodo poselectoral, en medio de cuestionamientos y protestas tras la controvertida reelección de Maduro en 2024.
¿Qué decía el audio?
Según dirigentes opositores y activistas, la grabación por la que Orozco fue reportada por simpatizantes chavistas contenía una invitación a participar en las elecciones del 28 de julio de 2024. En el mensaje también expresaba su molestia por la distribución de gas doméstico en su comunidad durante el proceso electoral.
La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que el caso refleja “la saña del régimen” contra quienes cuestionan al Estado. “En Venezuela, criticar al gobierno es delito de opinión, como en las peores dictaduras de la historia”, denunció.
🚨 CONDENADA POR UN AUDIO DE WHATSAPP
La Dra. Marggie Orozco fue sentenciada este 16 de noviembre a 30 años de prisión por un audio de WhatsApp en el que criticaba al gobierno de Nicolás Maduro y llamaba a votar en las elecciones del 28 de julio de 2024.
📸 @LibertadLuchSoc pic.twitter.com/ngXUFxe8S9
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) November 17, 2025
Clamor por su liberación
Colectivos y defensores de derechos humanos llenaron redes sociales con mensajes acompañados del lema “¡Liberen a Marggie!”, afirmando que la sentencia es una muestra de persecución política.
Desde el gobierno venezolano no se han pronunciado oficialmente sobre la condena ni sobre las denuncias de violaciones al debido proceso.
El caso continúa generando rechazo internacional, mientras organizaciones humanitarias advierten que este fallo se suma a una larga lista de detenciones por motivos políticos en el país.
